POR betty martinez,
Abogada, Doctora en Derecho y Profesora en la Universidad Finis Terrae. Autora de Online Dispute Resolution (Tirant lo Blanch).
Lo que se gana cuando se escucha a la investigación en derecho
En las últimas cuatro décadas, las facultades de Derecho de América Latina han integrado la investigación a su actividad académica. Sin embargo, persiste el escepticismo: para muchos, los investigadores solo cumplen estándares de acreditación y sus investigaciones son irrelevantes. Cabe entonces preguntarse: ¿qué pierde un país cuando deja de escuchar a la investigación en derecho?
La respuesta no necesariamente se relaciona con el número de artículos científicos publicados ni de proyectos de investigación adjudicados. Está en algo menos visible: mirar solo el reflejo del pasado no permite ver cómo enfrentar el futuro. Porque investigar no consiste en repetir el pasado, sino en ofrecer al derecho las categorías con las que podrá comprender lo que se aproxima. Así ocurrió con la tecnología, en la que América Latina vio la oportunidad de resolver el recurrente problema de la congestión judicial.
En Derecho de Consumo y comercio electrónico este problema se manifiesta con mayor intensidad: el consumidor tiende a desistir del proceso judicial por sus altos costos. Sin embargo, un consumidor insatisfecho es un consumidor que desconfía, y una economía en la que el consumidor no confía en el mercado es una economía enferma. Para revertir esta desconfianza se han impulsado plataformas de resolución de conflictos en línea (Online Dispute Resolution, ODR).
Sin investigación, es fácil concluir que estas plataformas equivalen a un mecanismo de acceso a la justicia. Son preguntas que abordé en un proyecto de investigación reciente sobre ODR: ¿ambas categorías son realmente coincidentes? Si interviene inteligencia artificial en la decisión, ¿existirá una explicación inteligible de su resultado? Si la decisión es errónea, ¿quién responderá por ella? Y, sobre todo, ¿qué garantías tendrá el consumidor de que el procedimiento fue realmente imparcial?
No se trata de un problema exclusivamente académico: es lo que enfrentan a diario quienes acceden al comercio electrónico. Por eso resulta paradójico considerar irrelevante la investigación en derecho cuando el mundo actual exige que se convierta en tarea cotidiana de la profesión, del poder judicial, de la administración pública y de las empresas. Investigar es un medio para revisar críticamente los conceptos jurídicos sobre los que construimos nuestras instituciones.
Las plataformas ODR son un buen ejemplo de dónde debería estar presente la investigación: no como un lujo académico, sino como la capacidad de anticipar estos problemas antes de que los consumidores y las empresas los enfrenten en la práctica. El desafío no es separar la academia del mundo profesional, sino tender puentes entre quienes diseñan estas herramientas y quienes serán llamados a responder por sus errores. Porque un país no progresa solo cuando regula el comercio electrónico o el uso de las tecnologías emergentes, sino cuando comprende, antes de hacerlo, qué preguntas debe responder esa regulación.