POR VERóNICA CAMPINO, COFUNDADORA de FUNDACIÓN YOQUIEROESTAR
Ley de conciliación: avances, brechas y desafíos pendientes
Este mes se cumplen dos años desde la entrada en vigencia de la Ley 21.645, más conocida como ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Su objetivo es claro: evitar que madres, padres y personas cuidadoras deban elegir entre el trabajo remunerado y el cuidado de sus familias, estableciendo una legislación marco que permita acordar con los empleadores modalidades de trabajo híbridas que combinen presencialidad y teletrabajo.
¿Qué establece esta ley? Entre otras materias, reconoce la preferencia para que madres y padres puedan hacer uso de sus vacaciones durante los períodos de vacaciones escolares; impone el deber al empleador de ofrecer teletrabajo a trabajadores y trabajadoras cuidadoras -de menores de 14 años, personas con discapacidad o con dependencia moderada a severa- cuando la naturaleza de las funciones lo permita; y faculta a los sindicatos para pactar reducciones de jornada durante los períodos de vacaciones.
Esta normativa recoge las lecciones que dejó la experiencia laboral durante la pandemia, cuando miles de padres, madres y cuidadores encontraron en el teletrabajo una herramienta concreta para mantenerse activos laboralmente sin dejar de estar presentes en la vida de sus hijos e hijas. El espíritu de la ley apunta a que el acceso al teletrabajo no dependa de la discrecionalidad de una jefatura, sino de si la naturaleza de las funciones lo permite, resguardando siempre un adecuado desempeño laboral. Avanzar hacia una cultura que valore la excelencia y los resultados por sobre el lugar físico donde se realiza el trabajo es un desafío ineludible.
Cabe recordar que esta ley fue aprobada sin ningún voto en contra. Como representantes de la sociedad civil que impulsamos esta normativa, podemos constatar que lograr ese acuerdo no fue fácil: requirió diálogo, consensos y concesiones por parte de todos los actores, empatizando con realidades diversas. Creemos que así deberían legislarse las políticas públicas, especialmente en materias transversales como la conciliación y la familia. El teletrabajo llegó para quedarse, y es responsabilidad de todos los actores involucrados asegurar que se traduzca en mayor bienestar para las familias y también en progreso para el país.
Sin embargo, la implementación de esta ley no ha estado exenta de dificultades. A dos años de su entrada en vigencia, la ley de conciliación sigue siendo ampliamente desconocida. A diferencia de otras normas recientes, como la ley de 40 horas o la ley Karin, no ha existido una campaña comunicacional potente por parte del actual Ejecutivo, lo que dificulta su correcta aplicación. Lo que no se conoce, simplemente no se puede exigir ni gestionar.
Existen, además, desafíos concretos que hoy afectan su funcionamiento. En la práctica, la obligación del empleador de ofrecer teletrabajo no se cumple en la mayoría de las empresas; el sector público y municipal quedó excluido de la normativa; ofrecer una alternativa que no permite realmente conciliar es percibido como cumplimiento formal de la ley; no existe claridad respecto de las consecuencias del silencio del empleador; y la ausencia de una regulación sobre la contrapropuesta obliga a las trabajadoras a recurrir a la Inspección del Trabajo, organismo que enfrenta demoras, falta de capacitación específica y que aún no incorpora esta materia en sus canales digitales de denuncia.
Como organización YoQuieroEstar, hemos sostenido conversaciones con parlamentarios de distintos sectores políticos y esperamos presentar en marzo un proyecto de ley que permita subsanar estos vacíos. Si como país decimos estar comprometidos con revertir la caída de la natalidad y aumentar el empleo femenino, debemos abordar estos temas con seriedad y decisión. No obtendremos resultados distintos si seguimos haciendo exactamente lo mismo.